En las nuevas tipologías de conflictos armados y otros tipos de violencia la prolongación de la fase post-conflictual y la violencia estructural en los núcleos urbanos fomentan que la reconstrucción como tal nunca llegue a producirse. Los Estados fallidos y los gobiernos títere son dos factores que siguen favoreciendo la desestructuración de la sociedad y el descontento general. Por tanto, en el post-conflicto -no inmediato- las mujeres (al igual que los hombres) emigran hacia terceros países para buscar una vida mejor.

En un mundo globalizado los movimientos de personas deben ser considerados como algo natural, inherente al propio proceso globalizador, donde las fronteras ya no son tales. La globalización en la que la sociedad internacional se encuentra inmersa otorga un gran valor a la movilidad pero también se plantea como un desafío del nuevo siglo. Según la Declaración de Nueva York de 13 de septiembre de 2016 los desplazamientos forzosos se sitúan como uno de los mayores retos de la época, con 65 millones de personas entre refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos.

En este contexto migratorio, son las mujeres inmigrantes las que ostenten el privilegio de una discriminación más acusada. Por lo que respecta a España, las mujeres ya constituyen un 47% del total de los inmigrantes, aunque si atendemos a las nacionalidades hay países de inmigración mayoritariamente masculina y países de inmigración mayoritariamente femenina.

Algunos estudios demuestran que el trabajo de las mujeres inmigrantes esta focalizado en dos frentes principales: labores domésticas y de apoyo a la dependencia por un lado, y la prostitución por otro. En el segundo caso, hay que subrayar que un alto porcentaje de mujeres inmigrantes que ejercen la “prostitución” lo hacen por medio de mafias de trata de personas siendo, por tanto, prostitución forzada o esclavitud sexual.

Esto implica que una inmigrante irregular, con posibilidad de que se trate de una refugiada, haya o no iniciado un procedimiento de asilo, puede ser víctima de organizaciones de trata de personas con fines de explotación sexual. En este sentido, el Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de Seres Humanos prevé la concesión de un permiso de residencia excepcional para las víctimas que colaboren con las autoridades para la investigación del delito.

Uno de los focos de atención del Protocolo es la asistencia a las víctimas, lo que se sistematiza con 6 medidas principales:

1. Simplificación de los procedimientos administrativos para la concesión de autorizaciones de trabajo y residencia.
2. Agilización de los procedimientos de documentación de las víctimas.
3. Expedición de un permiso de residencia (por transposición de la  Directiva 2004/81), siempre que colaboren con las autoridades.
4. Reconocimiento de un período de reflexión de, al menos, treinta días, para decidir su colaboración con las autoridades.
5. Establecer una dotación económica durante el período de reflexión.
6. Acceso a los recursos socio-sanitarios de atención.

La principal queja sobre estas medidas es que su puesta en marcha esté condicionada a la interposición de una denuncia y/o la colaboración con las autoridades, como ha expresado Amnistía Internacional. Esto supone que se ve a las víctimas de trata primero como inmigrantes irregulares, y por tanto como susceptibles de acceder a lo que podríamos considerar un chantaje más que un privilegio para estas mujeres. Tal y como sigue AI  “prima más el control migratorio que la detección de una violación de derechos humanos”.

En estos casos, habría que considerar que estas mujeres no sólo son víctimas de violencia sexual, prostitución forzada o esclavitud sexual, sino también de otros tipos persecución por parte de las mafias, como la coacción, la amenaza o la extorsión. El hecho de que no se proteja automáticamente a las víctimas hace que el Plan Integral pueda volverse bastante ineficaz, si su objetivo es evitar la explotación sexual.

El Plan Integral también tiene lagunas por lo que se refiere al establecimiento de un mecanismo eficaz de identificación de las víctimas. Pese a la atención mostrada por el desaparecido Ministerio de Igualdad, España, y el resto del planeta, sigue estando al frente de un reto complejo, que se refiere a la protección de las refugiadas, las inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo, y a poner una mayor atención en las víctimas de trata con fines de explotación sexual.

Está claro que un solo Estado no puede hacerse cargo de la lucha contra la delincuencia organizada, que tendrá que reforzarse a través de la efectiva garantía de los Convenios Internacionales ya existentes, haciendo especial hincapié en la trata de personas con fines de explotación sexual.